En un sector tan estratégico y delicado como el de los hidrocarburos, la lucha contra el fraude es una prioridad constante. Sin embargo, las medidas propuestas para combatir este problema han generado una intensa polémica.
Un fraude millonario
La preocupación por el fraude en la distribución de diésel no es nueva. La cifra de 1.211 millones de euros en fraudes detectados ha sido un llamado de atención contundente para el sector. La Asociación Operadores Petrolíferos (AOP), la Unión de Petroleras Independientes (UPI), la Confederación Española de Estaciones de Servicio (CEEES) y la Agrupación Española de Vendedores al por menor de carburantes y combustibles (Aevecar) han llevado sus demandas a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Estas organizaciones buscan un refuerzo en la supervisión y una mayor agilidad en la tramitación de expedientes sancionadores, así como un apoyo activo del Ministerio de Transición Ecológica para implementar medidas preventivas.
Entre las medidas propuestas destaca la imposición de avales previos. Esta medida ha sido recibida con entusiasmo por los grandes operadores, quienes ven en ella una herramienta eficaz para evitar el fraude. Sin embargo, ha sido fuertemente criticada por los pequeños operadores al por mayor, agrupados en la Asociación de Operadores Petrolíferos y Distribuidores Españoles (Aopyde). Representantes de compañías como Biomar, Biovigo Energy, Virosque y MarTankship argumentan que los avales son difíciles de cubrir para las pequeñas empresas, lo que podría reforzar el dominio de los grandes actores en el mercado.
Real Decreto-ley 8/2023: ¿Insuficiente?
La reciente reforma introducida por el Real Decreto-ley 8/2023, de 27 de diciembre, ha sido considerada insuficiente por una parte significativa del sector. Aunque las compañías tradicionales han recibido positivamente que la CNMC trabaje en algunas de sus demandas, como incrementar la agilidad en la tramitación de sanciones y reforzar su labor de supervisión, todavía queda un largo camino por recorrer. La necesidad de una colaboración más estrecha y un intercambio de información constante entre los organismos competentes, como el Ministerio de Transición Ecológica (MITECO), la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) y la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (CORES), es un consenso generalizado.
Desde la perspectiva de Aopyde, la fuerte presencia de las grandes petroleras en CORES es un problema adicional. Las sanciones por los biocarburantes, que afectan a la mayoría de los operadores, son vistas como desproporcionadas. Además, la CNMC ha comenzado a publicar los precios medios de los operadores independientes, aumentando así la vigilancia sobre el mercado.
En definitiva, la batalla contra el fraude del diésel en España está lejos de resolverse. Las medidas propuestas han generado un debate intenso y han puesto de manifiesto la necesidad de un equilibrio entre la erradicación del fraude y la equidad en la competencia. En Madel Asesores, seguiremos atentos a estos desarrollos para ofrecer a nuestros clientes la información y el asesoramiento más actualizados y relevantes. La lucha contra el fraude es una tarea de todos, y solo con un esfuerzo conjunto y bien coordinado se podrán alcanzar soluciones efectivas y justas para todo el sector.
0 comentarios