Las grandes petroleras españolas se encuentran en una encrucijada debido al actual bloqueo político que afecta al país. Ante la creciente preocupación por el millonario fraude fiscal en la venta de carburante, el sector ha decidido cambiar su estrategia en el Congreso, impulsando una reforma tributaria que imite el modelo italiano. Esta medida busca taponar el agujero fiscal que afecta a las arcas públicas, las cuales ya sufren un impacto de casi 3.000 millones de euros anuales.

Un contexto de fraude creciente

En las últimas semanas, los gigantes de la refinería y las estaciones de servicio han observado un aumento alarmante en las prácticas ilícitas relacionadas con el IVA en la venta de combustible. Estas irregularidades han alcanzado niveles históricos en España, afectando no solo el mercado, sino también las finanzas del Estado. Las cuatro grandes patronales del sector —Aevecar, AOP, CEEES y UPI— representan más de 4.700 empresas y aproximadamente 200.000 trabajadores, lo que demuestra la magnitud del impacto en la economía nacional.

Propuesta de reforma “a la italiana”

La reforma propuesta busca modificar el actual sistema de tributación del IVA en la venta de combustible, adoptando mecanismos de control similares a los implementados en Italia. Este país introdujo medidas que aseguran el pago del IVA en el momento de la extracción del producto del depósito fiscal, algo que actualmente no se exige en España. Las medidas contemplan la liquidación anticipada del impuesto, la presentación de un aval y la exención del pago inmediato para aquellos operadores que demuestren estar al día con sus obligaciones fiscales.

Intentos fallidos y una nueva estrategia

Meses atrás, las asociaciones del sector intentaron incluir esta reforma mediante una enmienda en un decreto anticrisis que fue convalidado en el Congreso. Aunque contaron con el apoyo de partidos como el PP, PNV, ERC y Junts, la tramitación del decreto se encuentra actualmente paralizada. Ante esta situación, las petroleras han optado por una estrategia alternativa, presentando su propuesta a través de un proyecto de ley que se encuentra en tramitación más avanzada, el cual incluye la aplicación de un tipo mínimo del 15% en el Impuesto sobre Sociedades para multinacionales.

La urgencia de la situación

El plazo para la presentación de enmiendas a esta nueva norma finaliza el próximo martes, y aunque es probable que se prorrogue, el Gobierno tiene prisa por avanzar en este proyecto para evitar sanciones de la Unión Europea. La presión del sector se intensifica, ya que el fraude fiscal en la venta de carburante se disparó un 277% entre 2022 y 2023, y el impago del IVA creció de 588 millones a 2.000 millones de euros en un solo año.

El aumento del fraude se ha visto facilitado por la moratoria concedida por el Gobierno para aplicar cambios en la Ley de Hidrocarburos. Esta medida fue diseñada para prohibir la actividad de ciertos intermediarios en la cadena de suministro, pero los defraudadores aprovecharon el impasse para intensificar sus prácticas. Los líderes del sector, como el CEO de Cepsa, Maarten Wetselaar, han calificado estas actividades como «crimen organizado», mientras que el CEO de Repsol, Josu Jon Imaz, ha destacado su relevancia en términos de «seguridad nacional».